El Tribunal Cantonal de San Galo condenó el 26 de octubre de 2026 a Juri Garawski, antiguo miembro de la unidad especial bielorrusa SOBR, a dos años de prisión con ejecución suspendida por la desaparición forzada de Anatoli Krasowski. La decisión revoca parcialmente la absolución total de 2023. Se mantienen las absoluciones en los casos de otros dos opositores desaparecidos. La resolución puede recurrirse ante el Tribunal Federal suizo. [1][7]
El caso vincula el este de Suiza con un capítulo oscuro de la historia bielorrusa. También muestra con qué precisión un tribunal penal debe distinguir entre la participación en unos hechos, el conocimiento que puede probarse que tenía el acusado y los límites de un procedimiento de apelación.
Tres hombres desaparecen en 1999
Los casos se refieren al antiguo ministro del Interior Juri Sacharenko, al político opositor y exviceprimer ministro Wiktor Gontschar y al empresario Anatoli Krasowski. Los tres desaparecieron en Bielorrusia en 1999. Garawski, a quien las fuentes internacionales suelen llamar Yuri Harauski, relató posteriormente su participación en operaciones de la SOBR en las que, según su testimonio, los hombres fueron secuestrados y asesinados. [3]
En 2019 hizo públicas sus declaraciones a través de Deutsche Welle. Tras comprobarse que residía en el cantón de San Galo, familiares de dos víctimas y las organizaciones de derechos humanos TRIAL International, FIDH y Viasna presentaron denuncias penales en 2021. La fiscalía formuló la acusación en 2022. El Tribunal de Distrito de Rorschach absolvió a Garawski el 28 de septiembre de 2023: a juicio del tribunal de primera instancia, su participación individual no había quedado suficientemente probada. Los familiares continuaron el procedimiento mediante su apelación. [3][4]
Por qué hay una condena y dos absoluciones
El tribunal de apelación valora las declaraciones de Garawski de manera distinta a la primera instancia. Según la información judicial publicada, resultaron especialmente convincentes sus declaraciones detalladas durante la investigación. En la desaparición de Krasowski, el tribunal consideró probadas tanto su participación como su conocimiento del desarrollo violento de los hechos. [7]
En el caso de Sacharenko, en cambio, se mantuvo la absolución. Según SRF, el tribunal entendió que Garawski, todavía un recién llegado en aquella primera operación, había esperado una acción de intimidación seguida de la liberación de la víctima. En la operación posterior ya no podía alegar ese desconocimiento, dada su experiencia previa. Esa es la explicación publicada de la distinta valoración de ambos casos. [2]
En el caso de Gontschar, el obstáculo fue procesal: según TRIAL International, los familiares de las otras víctimas que ejercían la acusación no tenían la condición de familiares próximos de Gontschar y, por tanto, carecían de legitimación para proseguir esa parte del procedimiento. La fiscalía había retirado su propio recurso de apelación. Por ello, se mantuvo la absolución dictada en primera instancia. [3][4]
Por qué se suspende la ejecución de la pena
Según SRF, el Tribunal Cantonal tomó inicialmente ocho años de prisión como punto de partida para determinar la pena. Sin embargo, atribuyó un peso considerable a favor de Garawski a su amplia confesión y a su colaboración. También se mencionó su encuentro personal con una familiar de una víctima. El resultado es una pena de dos años de prisión con ejecución suspendida. Los ocho años fueron una magnitud inicial en el cálculo de esta pena; no se le había impuesto anteriormente una condena de esa duración. [2]
Las organizaciones de derechos humanos participantes valoran la decisión como la primera condena en el extranjero de un miembro del aparato de seguridad bielorruso por delitos relacionados con la represión bajo Alexander Lukashenko. Para la hija de Krasowski, la condena supone, después de 27 años, un primer reconocimiento judicial de la responsabilidad de uno de los implicados. [1]
Qué significa «desaparición forzada»
La desaparición forzada constituye un ataque específico contra la protección del derecho. Una persona es privada de libertad por organismos estatales o con la aprobación del Estado. Después se oculta o se niega la privación de libertad o la información sobre su paradero. De este modo, la víctima queda sustraída a la protección de la ley y sus familiares permanecen en la incertidumbre sobre su suerte. Así explica el Departamento Federal de Asuntos Exteriores el núcleo de la Convención de la ONU. [5]
Suiza ratificó la Convención el 2 de diciembre de 2016. Entró en vigor para el país el 1 de enero de 2017; al mismo tiempo se introdujo el delito autónomo del artículo 185bis del Código Penal. La condena de Garawski se refiere a ese delito. No constituye una condena por asesinato. [1][5][6]
Por qué es competente un tribunal suizo
El artículo 185bis, apartado 2, también comprende los hechos cometidos en el extranjero cuando el autor se encuentra en Suiza y no es extraditado. Para ello no es necesario que el delito se haya cometido en Suiza ni que las víctimas tengan nacionalidad suiza. Este principio de jurisdicción universal permite la persecución penal más allá de las fronteras nacionales. Las autoridades penales cantonales son competentes para este delito autónomo; la residencia de Garawski llevó el caso a San Galo. [4][6]
El hecho de que los secuestros se remonten a 27 años atrás no resuelve automáticamente la cuestión jurídica. La desaparición forzada puede tratarse como un delito permanente. El informe presentado por Suiza explica que el plazo de prescripción solo empieza a correr cuando termina la situación ilícita. Según las organizaciones participantes, ya el tribunal de primera instancia reconoció en el caso de Garawski el carácter permanente del delito. [4][6]
Un paso hacia el esclarecimiento
La decisión se refiere a la responsabilidad penal personal de Garawski. No es una sentencia penal contra Lukashenko ni contra todos los presuntos responsables de dar las órdenes. Las organizaciones de derechos humanos esperan, no obstante, que los hechos establecidos permitan nuevas investigaciones sobre los responsables. [1]
Para Suiza, el procedimiento muestra lo que significa en la práctica la obligación de perseguir las violaciones graves de los derechos humanos: también los actos de un aparato de seguridad extranjero pueden llegar ante sus tribunales. Sin embargo, esta condena concreta aún no se ha resuelto de forma definitiva.
Situación a 27 de octubre de 2026. La sentencia aún no es firme. Este artículo se basa en los comunicados de las organizaciones participantes, la información judicial actual y las explicaciones oficiales suizas sobre el delito.