Tesis central: el derecho internacional sigue siendo indispensable. Sin voluntad política, disuasión creíble y mecanismos concretos de protección, sin embargo, no puede garantizar por sí solo la seguridad de un Estado.
Garantías que no se convirtieron en un escudo
Washington, Casa Blanca, 22 de noviembre de 1994. El presidente estadounidense Bill Clinton se reunió con el presidente ucraniano Leonid Kuchma. Clinton elogió públicamente la decisión de Ucrania de renunciar a su arsenal nuclear y adherirse al Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares.
El 5 de diciembre de 1994, Ucrania, Estados Unidos, el Reino Unido y Rusia firmaron el Memorándum de Budapest. En relación con la renuncia de Ucrania a las armas nucleares soviéticas que permanecían en su territorio, Ucrania recibió garantías de seguridad. Estas incluían el respeto a su independencia, soberanía y fronteras existentes, así como el compromiso de abstenerse de amenazar con la fuerza o utilizarla.
En aquel momento, el paso se consideró una contribución a un futuro más seguro para Europa. El sistema internacional debía demostrar que la seguridad podía basarse no solo en la fuerza militar, sino también en normas y compromisos.
La historia tomó otro rumbo. En 2014, Rusia ocupó Crimea e inició una agresión armada en el este de Ucrania. En febrero de 2022 lanzó una invasión a gran escala. El Estado que había garantizado la soberanía y la integridad territorial de Ucrania acabó violando esos mismos principios.
La guerra ha destruido ciudades, obligado a millones de personas a huir y causado la muerte de militares y civiles, con enormes pérdidas humanas. No es solo una tragedia ucraniana: pone a prueba el sistema internacional de seguridad.
El Memorándum de Budapest: más que promesas incumplidas
El Memorándum de Budapest no equivalía al tratado de defensa colectiva de la OTAN. Contenía garantías de seguridad, pero no una garantía automática de asistencia. En particular, no obligaba a Estados Unidos ni al Reino Unido a entrar militarmente en guerra contra el agresor si Ucrania era atacada.
Por eso, un Estado atacado puede esperar apoyo diplomático, sanciones y condenas internacionales y, aun así, enfrentarse a un adversario militarmente mucho más poderoso. Ahí reside el problema fundamental: las garantías internacionales no son lo mismo que una protección militar asegurada.
Tras la disolución de la Unión Soviética, el tercer arsenal nuclear más grande del mundo estaba en territorio ucraniano. Sin embargo, el control operativo, las estructuras de mando y la infraestructura técnica eran complejos. Sería inexacto afirmar que Ucrania podía operar por sí sola todo el arsenal sin importantes obstáculos técnicos y políticos. También sería erróneo ignorar la lección estratégica: renunciar al potencial nuclear sin un sistema fiable de disuasión conlleva riesgos a largo plazo.
Cuando faltan mecanismos concretos de protección, la eficacia de los acuerdos internacionales depende en gran medida de la voluntad política de los Estados que los suscriben.
Washington: cuando las prioridades políticas afectan la seguridad de un socio
La política estadounidense bajo Donald Trump muestra hasta qué punto las decisiones de política exterior pueden estar marcadas por intereses políticos y económicos.
Una orden de la Casa Blanca del 16 de octubre de 2026 aplica la Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act. Prevé aumentar un 500 por ciento los tipos arancelarios sobre los productos procedentes de Rusia. También contempla aranceles adicionales del 100 por ciento para los productos de los cinco mayores importadores de petróleo crudo y gas natural rusos si realizan nuevas compras después del 18 de octubre. La medida abarca asimismo productos de los cinco países que más facilitan la evasión de las sanciones petroleras contra Rusia. La orden establece expresamente excepciones y dispensas.
Al mismo tiempo, el presidente declara que numerosas disposiciones de la ley sobre aranceles, sanciones y restricciones no se aplicarán por razones de interés nacional de Estados Unidos. La orden también señala que siguen vigentes las sanciones anteriores impuestas mediante otros decretos presidenciales. Así, combina nuevos requisitos arancelarios con amplias excepciones. Esto no significa que todas las decisiones estadounidenses estén dirigidas contra Ucrania ni que se haya retirado por completo el apoyo de Estados Unidos. Sí muestra cuánto pueden depender las políticas de seguridad y sanciones de las decisiones políticas.
Esta dependencia es especialmente importante para Ucrania. Los envíos de armas, la información de inteligencia, la financiación y el apoyo político pueden influir directamente en la situación del campo de batalla. Ningún país debería basar su seguridad a largo plazo únicamente en la buena voluntad de otro, aunque se trate de la mayor potencia militar del mundo.
Una asociación fiable requiere previsibilidad, continuidad y capacidad para prestar ayuda concreta en una crisis. Las declaraciones políticas por sí solas no bastan.
La ONU: derecho internacional sin medios suficientes para hacerlo cumplir
La Carta de las Naciones Unidas prohíbe la amenaza o el uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado. Esta prohibición es uno de los pilares del derecho internacional moderno.
Pero ¿qué ocurre cuando el presunto infractor es también miembro permanente del Consejo de Seguridad? El 25 de febrero de 2022, Rusia vetó un proyecto de resolución sobre el ataque contra Ucrania. Once miembros del Consejo apoyaron el texto, pero el veto de un miembro permanente impidió que se aprobara.
A principios de marzo, la Asamblea General aprobó una resolución que condenaba la agresión y pedía a Rusia que pusiera fin al uso de la fuerza y retirara sus tropas de Ucrania. Fue una medida de importancia diplomática, pero no detuvo los combates ni creó un mecanismo militar para hacer cumplir la resolución.
La Asamblea General puede reunir posiciones comunes, aprobar resoluciones y generar presión política. El Consejo de Seguridad tiene competencias más amplias en materia de paz y seguridad, pero el veto de sus miembros permanentes limita su capacidad de actuar cuando uno de ellos es parte del conflicto.
El problema no es la inexistencia del derecho internacional. Más bien, falta un mecanismo universal que pueda obligar de forma automática y fiable a una potencia nuclear a respetar las normas. La ONU sigue siendo una plataforma importante para la diplomacia, la ayuda humanitaria y la cooperación. Sin embargo, pertenecer a la organización y aprobar resoluciones no sustituye la defensa nacional.
La fuerza militar como base material de la disuasión
La guerra contra Ucrania vuelve a plantear una cuestión fundamental: ¿qué disuade realmente a un agresor de atacar? Los tratados, la diplomacia y los vínculos económicos son importantes, pero no garantizan la paz en cualquier circunstancia.
Si un Gobierno está dispuesto a violar las normas internacionales y considera asumible el coste previsto de un ataque, las declaraciones pueden resultar insuficientes. Por eso, la seguridad nacional necesita una base material: fuerzas armadas preparadas para combatir, defensa aérea y antimisiles moderna, una industria de defensa capaz, producción estable de munición, inteligencia y ciberdefensa, además de una economía, un suministro energético y unas infraestructuras críticas resilientes.
Estas capacidades deben dejar claro a un posible agresor que un ataque no supondrá una victoria fácil y tendrá un precio alto. Hay que distinguir el apoyo simbólico de la capacidad real de defensa. Una resolución no intercepta un misil; una declaración diplomática no detiene una columna de tanques.
Ucrania no demuestra que el derecho internacional sea inútil. Muestra que, sin voluntad política y sin capacidad para defender sus principios, el derecho internacional no puede garantizar por sí solo la supervivencia de un Estado.
Armas nucleares: ¿disuasión o nueva trampa?
Las armas nucleares se cuentan entre los instrumentos más poderosos de la disuasión estratégica. Su posesión puede obligar a un adversario a considerar el riesgo de sufrir pérdidas inaceptables en un ataque directo. De ello no se desprende que las armas nucleares sean una solución universal para todos los países.
Implican enormes costes financieros y tecnológicos, riesgos de accidentes y escalada, y pueden impulsar a otros Estados a desarrollar sus propios arsenales. Tampoco protegen automáticamente contra ciberataques, sabotajes, presión económica, desestabilización interna o provocaciones militares limitadas.
La disuasión nuclear requiere almacenamiento seguro, sistemas de lanzamiento fiables y un mando y control responsables. Solo funciona si el adversario considera creíble una posible respuesta y el Estado puede controlar su arsenal de forma segura.
Por tanto, la lección estratégica no es que todos los países deban adquirir armas nucleares. El desarme y la no proliferación deben ir acompañados de mecanismos de seguridad eficaces. Cuando un Estado renuncia a la disuasión nuclear, hay que evaluar seriamente los riesgos a largo plazo y hacer creíbles otros medios de protección.
Para que perdure el régimen de no proliferación, renunciar a las armas nucleares no debe dejar a un Estado indefenso ante una agresión. De lo contrario, los Estados podrían considerar que sus propias capacidades militares son más fiables que las garantías internacionales. Eso socavaría toda la lógica de la no proliferación nuclear.
Lo que debe aprender la comunidad internacional
El caso ucraniano plantea tareas fundamentales para los Estados democráticos.
Primero, las garantías políticas deben distinguirse claramente de las obligaciones de defensa definidas por la ley. Los Estados que limitan sus capacidades militares deben saber con qué ayuda concreta pueden contar.
Segundo, los acuerdos de seguridad deberían incluir procedimientos de respuesta, responsabilidades y mecanismos de consulta claros. Siempre que sea posible, las formas de apoyo deberían acordarse de antemano.
Tercero, las instituciones internacionales necesitan reformas que dificulten el bloqueo de las respuestas colectivas ante una agresión. Es difícil: modificar la Carta de la ONU requiere un apoyo amplio, mientras que los privilegios de los miembros permanentes están profundamente arraigados en el orden internacional.
Cuarto, los Estados deben invertir en su propia defensa y resiliencia, en lugar de delegar toda la responsabilidad en organizaciones internacionales o socios.
Por último, el derecho internacional debe seguir siendo la base de las relaciones entre Estados. Abandonarlo supondría volver a un mundo en el que la ley del más fuerte sustituye abiertamente al derecho. Preservar los principios jurídicos exige algo más que declaraciones: también hay que protegerlos en la práctica.
Suiza: la seguridad es un trabajo constante
A la luz de la experiencia ucraniana, Suiza resulta especialmente ilustrativa. Tradicionalmente, se apoya en la neutralidad permanente, sus propias capacidades de defensa, instituciones estables y una política exterior previsible.
La situación de seguridad de Suiza no puede equipararse a la de Ucrania, cuyo territorio sufre una invasión militar a gran escala. Eso no significa que la seguridad suiza esté garantizada para siempre.
El 18 de septiembre de 2026, el Consejo Federal aprobó la Estrategia de Política de Seguridad 2026. Incluye diez objetivos y 46 medidas para reforzar la resiliencia, proteger a la población y las infraestructuras críticas, y ampliar las capacidades de defensa. Las autoridades citan la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania, las amenazas híbridas y las dependencias críticas como factores de un entorno más incierto.
El enfoque suizo no significa que el país renuncie a la neutralidad o considere irrelevante el derecho internacional. Más bien, combina la neutralidad con la voluntad de proteger su territorio, desarrollar capacidades de defensa y cooperar con socios en materia de seguridad.
La neutralidad no es un escudo mágico. Forma parte de una política estatal concreta, respaldada por instituciones estables y estructuras capaces de defender el país. La seguridad de Suiza también depende de la estabilidad de Europa y de las regiones vecinas.
Suiza cuenta con instituciones que funcionan, una estrategia de seguridad clara y un entorno pacífico que difiere notablemente de las condiciones que afronta Ucrania. Aun así, el Gobierno suizo no confía únicamente en circunstancias favorables: se prepara para un mundo más inestable.
Esta es una lección importante para todos los Estados, con independencia de su tamaño, prosperidad, ubicación geográfica o condición política. El derecho internacional establece cómo deben actuar los Estados. La diplomacia ayuda a prevenir conflictos y las alianzas pueden reforzar la seguridad. Pero proteger el propio país sigue siendo una responsabilidad que debe asumirse junto con socios fiables.
Conclusión
Ucrania ha pagado un precio extraordinariamente alto por la brecha entre las garantías internacionales y la protección real. El mundo no puede actuar como si esa experiencia no le concerniera.
Si el siglo XXI ha de seguir siendo una época de derecho internacional y no volver al dominio ilimitado del más fuerte, las violaciones de las normas internacionales deben tener consecuencias reales. Los Estados que renuncian a las armas de destrucción masiva no deben quedarse sin medios fiables de protección.
De lo contrario, la lección de Budapest no se entenderá como una prueba de que el desarme puede hacer que el mundo sea más seguro, sino como una advertencia: ningún Estado debe confundir la promesa de seguridad con la capacidad real de garantizarla.