El Estado tiene el deber de proteger el orden público

Los acontecimientos que llevaron al Gobierno italiano a reaccionar no pueden despacharse sin más como protestas políticas corrientes.

Según informaciones de Associated Press y de la agencia italiana ANSA, durante los disturbios se produjeron saqueos, daños materiales y ataques contra las fuerzas policiales. El Gobierno declaró que las nuevas medidas pretenden prevenir incidentes similares y reforzar la capacidad de actuación de las autoridades.

La distinción entre una concentración pacífica y la violencia delictiva es esencial. La libertad de reunión protege el derecho de las personas a congregarse, manifestarse y criticar la política del Gobierno. Sin embargo, no concede impunidad por lesiones, incendios provocados, saqueos o daños materiales intencionados.

Cuando se saquean comercios o se amenaza a personas, estas pueden esperar una protección eficaz del Estado. Si el Estado incumple repetidamente su deber de hacer cumplir la ley, puede minarse la confianza en las instituciones democráticas.

La respuesta no puede consistir en tolerar la violencia en nombre de la libertad. La libertad democrática presupone un ordenamiento jurídico que funcione y proteja los derechos de todos, también de quienes no participan en las manifestaciones. A la inversa, la existencia de violencia no justifica automáticamente cualquier contramedida estatal.

El nuevo enfoque de Italia: penas más severas y mayores facultades preventivas

El decreto italiano introduce un nuevo delito relacionado con la participación violenta en manifestaciones. En los supuestos previstos, contempla penas de prisión de hasta cinco años y multas de hasta 20.000 euros. En determinadas circunstancias agravantes, como actuar con el rostro cubierto o lesionar a otra persona, pueden aplicarse sanciones más severas.

El paquete también endurece las normas aplicables a los jóvenes infractores. Para los adolescentes de entre 14 y 18 años se prevé una presunción de capacidad penal mientras no se demuestre lo contrario. Se amplían las posibilidades de prisión preventiva; además, se prevén mecanismos para reclamar a los padres los daños causados por sus hijos.

El Gobierno anunció también el envío de 500 militares adicionales a Milán para apoyar las operaciones de seguridad.

Estas medidas no deben tratarse como un único instrumento. Las penas, la responsabilidad económica de los padres, la prisión preventiva y el despliegue de militares plantean cuestiones jurídicas y prácticas propias. Cada medida necesita una justificación independiente.

La responsabilidad económica de los padres puede contribuir, por ejemplo, a indemnizar a las víctimas. Sin embargo, no debe equipararse a una culpabilidad penal automática de los padres por cada acto de sus hijos. La prisión preventiva también requiere requisitos legales claros, garantías contra su aplicación arbitraria y un control judicial eficaz.

También debe tenerse en cuenta el procedimiento legislativo: el Parlamento ha de convertir el decreto en ley dentro del plazo previsto de 60 días. Por eso, la redacción definitiva y su aplicación práctica son tan importantes como el anuncio inicial.

Una respuesta necesaria no es automáticamente suficiente

El Gobierno italiano presenta las medidas como una respuesta firme a la violencia. El objetivo es comprensible. La pregunta más difícil es si los instrumentos elegidos serán eficaces sin provocar consecuencias desproporcionadas.

El efecto disuasorio no depende únicamente de la severidad de una pena. También importa que los delitos se investiguen eficazmente, que las pruebas se recopilen de forma fiable, que las leyes se apliquen de manera coherente y que los procedimientos concluyan en un plazo razonable.

En determinadas circunstancias pueden justificarse penas más elevadas, pero por sí solas no garantizan una reducción de la delincuencia. Una política de seguridad creíble exige una labor policial profesional, una persecución penal eficaz, sanciones proporcionadas y medidas que aborden las condiciones en las que se repite la violencia.

Esto es especialmente importante cuando se trata de menores. Los jóvenes infractores deben asumir su responsabilidad y las víctimas no pueden quedar desprotegidas. Al mismo tiempo, la justicia debe tener en cuenta la edad, la responsabilidad individual y la posibilidad de reinserción.

Una política que solo reacciona después de que estalla la violencia sigue siendo incompleta. Las escuelas, las familias, los municipios, los servicios sociales y la policía comparten la responsabilidad de proteger a los jóvenes de grupos destructivos y de garantizar que los delitos graves tengan consecuencias.

El peligro de convertir la protesta en enemiga del Estado

Otro riesgo consiste en atribuir la conducta de algunas personas a todo un movimiento político o a todos los manifestantes.

La violencia política puede surgir en entornos ideológicos distintos. Que algunos participantes cometan delitos no demuestra ni que todos los manifestantes compartan los mismos objetivos o métodos ni que toda una manifestación haya sido organizada por un grupo político concreto.

Las afirmaciones sobre la participación de organizaciones extremistas deben apoyarse en pruebas relativas a las personas concretas, sus actos y los vínculos organizativos demostrados. No es una concesión al extremismo, sino una condición para un análisis objetivo y una actuación policial conforme al Estado de derecho.

Cuando los Gobiernos presentan a amplios grupos de la oposición política como una amenaza para el orden público, corren el riesgo de alejar a ciudadanos pacíficos y debilitar la legitimidad de sus propias acciones. Los comentaristas cometen el mismo error fundamental cuando restan importancia a la violencia solo porque comparten los objetivos declarados de los manifestantes.

Un Estado democrático debe rechazar ambas formas de valoración selectiva. La ley debe basarse en conductas demostradas, no únicamente en la identidad política de una persona.

La perspectiva suiza: el poder del Estado dentro de los límites legales

Suiza ofrece una perspectiva constitucional útil para este debate, aunque su sistema político y sus estructuras de seguridad sean diferentes de los de Italia.

El artículo 5 de la Constitución Federal suiza exige que la actuación estatal se base en el derecho, esté limitada por el derecho, responda al interés público y sea proporcionada. El artículo 22 garantiza la libertad de reunión; el artículo 36 establece las condiciones para restringir derechos fundamentales, entre ellas la base legal, el interés público y la proporcionalidad.

Estos principios no son fórmulas abstractas. Proporcionan un criterio para evaluar la legitimidad de las medidas de seguridad.

El enfoque suizo no significa tolerar los disturbios ni aceptar una aplicación ineficaz de la ley. Significa que el poder estatal debe ejercerse con fundamento jurídico, ser necesario y guardar proporción.

Las autoridades deberían poder explicar por qué una restricción es necesaria, por qué quizá no basten alternativas menos intrusivas y qué salvaguardias evitan los abusos. Este criterio protege a ambas partes de la relación entre ciudadanía y Estado: a la sociedad frente a la violencia y a las personas frente a la arbitrariedad.

Suiza no debería dar por sentado que sus instituciones ofrecen automáticamente respuestas a todas las cuestiones de seguridad. Tampoco debería declarar ilegítima la política de otro país solo porque sea más restrictiva. Lo decisivo es si una medida es necesaria, eficaz, proporcionada y está sometida a un control efectivo.

Europa necesita confianza en el Estado de derecho, no un estado de excepción permanente

El debate italiano apunta a un desafío más amplio para las democracias europeas. Se espera que los Gobiernos garanticen la seguridad, la ciudadanía exige rendición de cuentas y la polarización política hace que casi cada medida de las fuerzas de seguridad parezca una victoria de un bando ideológico sobre otro.

En estas circunstancias, a veces se confunde la moderación con la debilidad, mientras que la dureza se considera una prueba de competencia política. Ninguna de las dos ideas es fiable.

Un Estado puede actuar con determinación sin volverse arbitrario. Puede proteger las manifestaciones y perseguir penalmente la violencia. Puede exigir responsabilidades a los infractores y garantizar procedimientos conformes al Estado de derecho. Puede reforzar su capacidad operativa sin perder de vista las distintas funciones de la policía y las fuerzas armadas.

El objetivo debe ser un Estado suficientemente fuerte para hacer cumplir la ley y suficientemente limitado para impedir los abusos de poder.

Para ello se necesitan leyes claras, fuerzas policiales profesionales, tribunales independientes, pruebas fiables, comunicación transparente y un examen crítico de los resultados. Los responsables políticos también deberían resistir la tentación de utilizar cada episodio de disturbios como argumento para ampliar sus facultades sin límites.

Una política de seguridad no se mide por la dureza de su retórica ni por el número de fuerzas desplegadas. La pregunta decisiva es si hace que las personas estén más seguras y, al mismo tiempo, conserva las bases jurídicas e institucionales de la democracia.

Una lección suiza para Europa

La posible contribución de Suiza al debate europeo no consiste en dar lecciones a otros Estados ni en reivindicar superioridad moral. Consiste en aplicar con coherencia criterios que permitan evaluar a cualquier Gobierno.

El orden público importa. Las víctimas tienen derecho a la justicia. Quienes ejercen violencia deben afrontar consecuencias. Las concentraciones pacíficas deben seguir protegidas. El poder estatal debe ejercerse dentro del derecho. Estos principios no se contradicen: se complementan.

El nuevo decreto italiano puede proporcionar a las autoridades instrumentos adicionales para combatir graves alteraciones del orden público. Su eficacia y proporcionalidad dependerán de la redacción definitiva, de su aplicación y de las salvaguardias previstas.

Europa debería examinar los resultados reales en vez de celebrar prematuramente una política represiva como un éxito o rechazar por principio cualquier endurecimiento.

La autoridad democrática resulta más convincente cuando puede proteger a la ciudadanía sin convertirse ella misma en una amenaza para sus derechos. El Estado de derecho no es un obstáculo para gobernar eficazmente. Distingue a un Estado democrático capaz de actuar de un poder ejercido sin límites adecuados.

Para un continente que afronta polarización política, disturbios violentos y una confianza cada vez menor en las instituciones, esta distinción es fundamental.

La elección no es entre orden y libertad. Es entre un Estado capaz de proteger ambas y otro que sacrifica una en nombre de la otra.