OPINIÓN Y ANÁLISIS | 19 de octubre de 2026
Los disturbios registrados en Francia el 17 de octubre ofrecen un motivo actual para hablar del Estado de derecho y de la seguridad. Sin embargo, no demuestran una única explicación política. El ministro francés del Interior dijo que unas 550.000 personas participaron en 110 marchas; el sindicato CGT habló de 800.000. Reuters informó de 1.200 detenciones, mientras que Associated Press habló de unas 400 ese mismo día. La diferencia depende del momento y de la fuente. El cuadro general es claro: la mayoría se manifestó pacíficamente, mientras grupos violentos atacaron edificios, saquearon comercios y provocaron incendios. El 19 de octubre, Reuters informó además de toques de queda locales y de una revisión de posibles fallos de los servicios de inteligencia y de la preparación policial. [1][2][3]
Francia: proteger la protesta y contener la violencia
El derecho de reunión pacífica es fundamental en una sociedad libre. No puede justificar ataques contra personas, comercios o instituciones públicas. Los saqueos, los incendios y la violencia son delitos, con independencia del lema político. Al mismo tiempo, el Estado debe ejercer su poder de forma proporcional. Las lesiones señaladas por AP y la revisión de algunas actuaciones policiales recuerdan que las fuerzas de seguridad también deben rendir cuentas. Un Estado de derecho protege las libertades y persigue los delitos mediante procedimientos verificables.
No deben ocultarse las causas del malestar. El coste de la vida, los precios de la energía, las malas condiciones escolares, unos servicios públicos sobrecargados y la desconfianza en las decisiones políticas pueden explicar la movilización. No justifican la violencia. Los gobiernos deben detectar las tensiones, explicar sus decisiones y medir sus resultados. Lo mismo vale para la migración y la integración: los procedimientos, el aprendizaje de idiomas, el acceso al trabajo y la ejecución de las resoluciones judiciales deben evaluarse con datos. Culpar colectivamente a personas por su origen o religión no es compatible con el Estado de derecho ni resulta sólido desde el punto de vista analítico.
Rusia: las vulnerabilidades de Europa
La Unión Europea describe las amenazas híbridas como una combinación de ciberataques, sabotaje, manipulación informativa, injerencia electoral y presión económica. En sus conclusiones del 16 de marzo de 2026, el Consejo de la UE condenó expresamente las campañas rusas y vinculadas a Rusia. El 24 de septiembre sancionó, entre otras personas, a Xenia Fedorova, antigua directiva de RT France, por actividades de manipulación de la información. Son evaluaciones oficiales y medidas jurídicas de la UE, no una prueba de que cada protesta esté dirigida desde Moscú. La distinción importa: Rusia puede explotar tensiones existentes sin haber creado todas sus causas. [4][5]
Ucrania muestra el coste de los errores estratégicos. La anexión de Crimea en 2014, la guerra en el Donbás y la invasión a gran escala del 24 de febrero de 2022 fueron señales de alarma. Las debilidades institucionales de otros países pueden explicar algunas decisiones, pero no excusan al agresor. La responsabilidad de la guerra de agresión corresponde a Rusia. Europa debe tomarse en serio las advertencias, reducir dependencias y reforzar su resiliencia.
Suiza: la estabilidad no es automática
El 18 de septiembre de 2026, el Consejo Federal suizo aprobó la Estrategia de Política de Seguridad 2026. Identifica como desafíos la guerra de agresión rusa contra Ucrania, las amenazas híbridas y las dependencias críticas, y fija diez objetivos con 46 medidas. Sus prioridades son la resiliencia, mejores capacidades de resistencia y protección y unas capacidades de defensa más sólidas. La aplicación ya ha comenzado, pero su eficacia deberá comprobarse mediante responsabilidades claras, recursos y resultados medibles. [6][7]
La neutralidad suiza no protege contra el espionaje, los ciberataques, la desinformación o la presión económica. Tampoco exige una lógica de seguridad que ponga bajo sospecha la crítica legítima. Una cultura democrática de seguridad debe reforzar los tribunales, la libertad de prensa, la protección de datos y el control parlamentario.
Los acontecimientos actuales apuntan a cinco tareas: proteger al mismo tiempo la protesta pacífica y el orden público; aplicar una política de integración basada en datos y sin culpa colectiva; vigilar de forma permanente los riesgos híbridos y reducir dependencias críticas; preparar información fiable y procedimientos de crisis; y cooperar con socios sin externalizar las capacidades propias.
Los disturbios franceses no demuestran que Europa haya «fracasado». Muestran lo rápido que las tensiones sociales, la polarización y un Estado percibido como débil pueden erosionar la confianza. Rusia intenta aprovechar esas fracturas, pero eso no significa que todo conflicto esté controlado desde el exterior. Suiza no necesita ni pánico ni complacencia. Un Estado sigue siendo libre cuando sus instituciones funcionan, la violencia se contiene, la crítica es posible y la seguridad se prepara a tiempo. El Estado de derecho es más fuerte cuando se aplica por igual a las autoridades y a quienes protestan.
Fuentes: Reuters (17 y 19 de octubre de 2026), Associated Press (17 de octubre de 2026), Consejo de la UE (16 de marzo y 24 de septiembre de 2026), Consejo Federal suizo y SEPOS (18 de septiembre de 2026). La imagen es una ilustración simbólica generada por IA.